El relato de Esther Márquez: "Una ley que nos ha condenado a la exclusión social".

 

Comencé una convivencia con quien terminó siendo mi pareja en septiembre del año 2004. Él estaba en trámites de divorcio contencioso (con la anterior ley), pero el proceso se alargó hasta el 2010. Después de su divorcio nuestra relación continuó hasta su fallecimiento en 2013. Entre tanto nació nuestro hijo en agosto del 2005.

Aunque no llegamos a casarnos ni a inscribirnos en el registro de parejas, las evidencias de nuestra relación efectiva y afectiva, así como de nuestra convivencia, son abundantes: además de vivir juntos, nos empadronamos en el mismo domicilio para gestionar la escolarización de nuestro hijo; desde el 2008 (cuando nos hizo falta), tuvimos una hipoteca conjunta para abonar nuestra casa.

Era público y notorio que teníamos una convivencia análoga al matrimonio. En el momento de su muerte recibí el pésame del Rector de la Universidad de Extremadura, dónde yo trabajaba, del director de nuestra antigua empresa, donde iniciamos nuestra relación, del decano del colegio de abogados, en el que mi pareja estaba colegiado, y del el director del colegio del niño, entre muchos más.

Desde el momento en que tuvimos Libro de Familia estuvimos seguros de que éramos familia a todos los efectos. Además, no era difícil demostrarlo con cualquier medio de prueba. La Seguridad Social así lo creyó en el juicio, puesto que no puso en duda que fuéramos como un matrimonio.

Sin embargo, según la modificación que se introdujo en la ley de divorcio en 2008, solo se reconoce legalmente la relación de las parejas casadas o registradas, pero no así a las parejas de hecho no registradas, como era nuestro caso.

Como consecuencia de ello, a su muerte a mí me deja con un niño de 8 años, un trabajo a ½ jornada, las deudas que teníamos y una enfermedad que en aquel momento estaba controlada (Esclerosis Múltiple). Tuve que vender la casa, pagar las deudas y gracias a la pensión de mi hijo, pagamos la hipoteca que actualmente nos queda.Comemos con mi pension

A raíz del agravamiento de mi enfermedad, me reconocieron una incapacidad del 75% y tuve que dejar el trabajo. En estos momentos nuestra situación es muy complicada y entiendo que, por todas estas circunstancias, somos una familia en riesgo de exclusión. Mi pareja había cotizado para su familia, no para que estuvieran en precario mendigando un derecho.

Pido desde aquí que se haga lo posible para corregir esta disonancia entre la realidad y la ley con carácter retroactivo, por la vía de urgencia, para que las familias, legalizadas o no, no se encuentren con que la ley no las considera nada. Reconoced el derecho a una pensión de viudedad.

Esther Márquez Sánchez

 

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